¿Es verdad o es mentira?: el Gobierno agita el fantasma del caos económico si no hay vuelta al crédito


Una vez más a los argentinos se les vuelve a plantear la existencia de dos caminos antagónicos. Uno lleva a la prosperidad económica, el otro o las penurias y a un mayor ajuste. Todo depende de si se aprueban las leyes para resolver el litigio con buitres. ¿Cuánto hay de realismo y de exageración?

 

 

 
«Hiperinflación». «Ajuste brutal». «Desocupación». Nadie elegiría entre esas opciones para convivir.

Sin embargo, es lo que ha advertido el Gobierno que sucederá si el Congreso se niega a derogar las dos leyes que, hoy por hoy, traban el pago a los fondos buitres que litigaron contra el país y que, a 15 años del default, mantienen en vilo a los argentinos.

Esto abrió el inevitable debate respecto sobre si los escenarios son, en realidad, tan radicalmente distintos o si, como tantas veces ha ocurrido en la historia política argentina, el Ejecutivo agita el fantasma del caos económico como estrategia para ganar su primera en el Parlamento.

De manera que las preguntas del momento son: ¿Tan graves serían las consecuencias de una negativa a cumplir con el fallo de la Justicia norteamericana? ¿Hay algo que impide seguir viviendo «con lo nuestro» como en la década K?

De hecho, esto último es lo que propusieron los legisladores del Frente para la Victoria, levantando las banderas de la política confrontativa, que fuera característica de su gestión en la Casa Rosada.

La historia argentina reciente recopila varios eventos similares al que se atraviesa por estas horas. Fue una práctica común a las distintas administraciones que comandaron el país.

El gobierno de Fernando de la Rúa tuvo su propio momento «dramático» cuando se propuso pasar por el Congreso la ley de flexibilización laboral.

También se había planteado que era la «ley o la vida» (algunos lo vieron como una extorsión política), en nombre de un acuerdo «salvador» con el FMI. Y, como no les daban los votos, apareció la Banelco.

Más atrás en el tiempo, en la época del menemismo, la urgencia venía por el lado de las privatizaciones. ¿Quién que haya sido testigo de ese momento no recuerda al diputrucho utilizado para que se apruebe la venta de Gas del Estado?

El kirchnerismo tuvo varias sesiones dramáticas. La mayoría le salieron bien -las nacionalizaciones de las mismas compañías que había privatizado el menemismo, por ejemplo- y una sola muy mal: la fracasada Ley 125.

La historia muestra estos casos como sobresaltos que debieron atravesar los gobiernos para -justamente- gobernar. En otras palabras, para imponer sus principales políticas, las que al final del ciclo terminaron por caracterizar a esas administraciones.

Por lo visto, y volviendo al punto de inicio, la gestión de Mauricio Macri marcará su primera «cicatriz legislativa» con el tratamiento de la ley para pagarles a los holdouts.

En este aspecto, ya dejó en claro su estrategia: lanzó su propia campaña del miedo en la que presenta la aprobación de la ley o el abismo económico como escenarios excluyentes.
¿Cuánto hay de verdad?
El Gobierno planteó dos contextos antagónicos:

-Uno, el que transitaría el país con la aprobación para tomar deuda por unos u$s12.000 millones (para pagarles a los holdouts)

-Otro, el que deberá enfrentar sin ese visto bueno y manteniendo su situación de default frente al mundo.
La primera opción habilita a la Argentina al regreso a los mercados voluntarios de crédito, lo que le dará mayor margen de maniobra para poder financiarse.

En este caso, conseguiría dinero a una tasa de interés que, en principio, rondaría el 7% anual (en dólares). Podría abaratarse más adelante, en caso de que el contexto internacional vuelva a ser más amigable con los mercados emergentes.

El crédito que se pueda obtener tras la salida del default «es el puente para que la economía vuelva a crecer», insiste en argumentar el ministro Alfonso Prat Gay.

¿Es tan así? Los operadores de Wall Street hacen cuentas y muchos creen que el mercado «no tendrá estómago» para digerir una mayor cantidad de bonos de deuda que la que ya está pautada «solamente» para arreglar con los buitres (al menos en el corto plazo).

En otras palabras, afirman que ese dinero que el Gobierno puede llegar a recaudar alcanzará para resolver el litigio con los holdout pero no para -además- financiar un rojo estatal que ven como el otro gran talón de Aquiles de la actual gestión.

A un país que gasta más de lo que le ingresa, se le hace difícil convencer a inversores de que traigan sus dólares.

De modo tal que -sea que se resuelva o no el tema buitres- el gradualismo o shock para reducir el déficit (es decir, el ajuste de a poco o de un saque) no saldrá del centro de la discusión.

No es de esperar entonces que el Gobierno, aun si consigue una victoria parlamentaria, sea más laxo a la hora de reducir personal del Estado, incrementar tarifas de los servicios, achicar gastos del sector público y todo lo que ha venido haciendo hasta ahora.

Más aun, ése precisamente seguirá siendo el principal eje de la polémica, más allá de que el Congreso apruebe lo que está reclamando a viva voz el Gobierno.

Ahora bien ¿qué sucedería en caso de que finalmente el Ejecutivo sufra un duro revés y no sean aprobadas las leyes que pide para pagarle a los buitres?
«Para financiar semejante rojo fiscal como el actual -superior al 6% del PIB-, la única manera sería a través de un acuerdo y un pedido de asistencia al FMI. Guste o no, debería ser así», afirma Fausto Spotorno, de la consultora de Orlando Ferreres.

En diálogo con iProfesional, agrega: «Si no se apelase al financiamiento externo, todo el peso recaería en el mercado interno. La recesión se profundizaría».
Sin embargo, no le asigna altas chances a que sobrevenga un escenario de hiperinflación en caso de que el macrismo no logre aval parlamentario, tal como deslizan los funcionarios.

«No lo veo como probable. Una híper implica, en la práctica, una demanda de pesos cercana a cero. En un escenario así sólo se piensa en dólares. Es un caso extremo», apunta.

«En cambio, sí se podría pensar en un contexto en el que el billete verde suba con fuerza y, obviamente, haya una mayor tasa de inflación. Pero no tanto como una híper», añade.

Desde otro espacio del arco ideológico, el economista kirchnerista Sergio Woyecheszen ensaya una crítica moderada sobre la actual situación.

«Es cierto que una salida a los mercados a tomar deuda morigeraría el ajuste. Pero hay que pensar en financiar obras de infraestructura; no se puede correr el riesgo de volver a endeudar a la Argentina en forma irracional».
«La verdad es que sin dólares la economía no puede volver a crecer. Pero, insisto, habrá que orientar esas divisas a mejorar al país. De lo contrario, dentro de ocho años nos veremos de nuevo en medio de una crisis estructural, como la que soportamos en 2001», completa el economista.

El planteo de Woyecheszen -que fue ex secretario de Industria en la provincia de Buenos Aires- es similar al de Sergio Massa, quien también considera que un acuerdo con los buitres podrá ayudar a eludir una profundización de la recesión por la vía de un ajuste interno.

Nicolás Dujovne también realiza un aporte interesante. El economista -que trabajó para la campaña Macri pero que hoy no ocupa ningún cargo público- traza un doble escenario posible para el corto plazo.

-Sin aval parlamentario al «acuerdo buitre»: la inflación se acelera y provoca un nuevo fogonazo cambiario.

-Con luz verde en el Congreso y cancelación de los holdout: hay mayores chances de que sobrevenga una economía mucho más tranquila y previsible.

Para Dujovne, la clave pasará por el financiamiento del rojo fiscal.

Y no únicamente por si el Gobierno logra achicar el enorme agujero en las cuentas públicas sino, además, por la manera en que lo pueda ir cubriendo.

Según el economista, si se diera la más optimista de las posibilidades -es decir, la de la no espiralización inflacionaria por la falta de financiamiento- la economía en el segundo semestre repuntaría respecto de la primera mitad del año.

En su visión, esto también «dejaría abiertas las puertas para un crecimiento superior al 3% de cara al 2017».

Otro debate que viene es en qué usar los «dólares frescos».
En este sentido, es loable y hasta deseable el consejo de algunos analistas respecto de utilizar los fondos para financiar obras productivas.

Sin embargo, en la city porteña no es lo que suponen que ocurrirá realmente.

Dadas las urgencias fiscales -y en vistas a frenar la emisión, reducir la inflación y moderar la presión sobre el dólar- hay varios analistas que dan por supuesto que el primer «oxígeno» financiero que se reciba será destinado a aliviar los gastos corrientes.

En su último informe, el economista Federico Muñoz así lo expresa: «La advertencia de usar el endeudamiento para infraestructura se sustenta en un argumento políticamente correcto. Sin embargo, en las actuales circunstancias, carece de sentido».

«La realidad es que el fisco necesita urgentemente recuperar el acceso al crédito externo porque no puede seguir recurriendo al que fuera hasta aquí su financista excluyente: el hoy exhausto BCRA», afirma.

Y añade: «El punto es que las actuales necesidades de financiamiento del Tesoro exceden holgadamente al gasto público de capital».

Para sustentar sus dichos, se apoya en los números que arroja la economía: el déficit primario del año en curso rondará el 5% del PBI.

Si a ese déficit se le suman los vencimientos de deuda (capital e intereses), entonces «las necesidades de financiamiento seguramente rocen los 8 puntos del producto» que, expresado en dólares, significa «más de u$s40.000 millones».

«Por su parte, la inversión pública difícilmente supere los 3 puntos del PBI», expresa Muñoz, al tiempo que añade: «El argumento ‘deuda sólo para gasto de capital’ se ve desmentido por esta aritmética antipática».

Detrás de su argumentación, subyace lo que sucedería sin la llegada de las inversiones que podrían desembarcar tras el acuerdo con los buitres: financiar semejante bache fiscal dándole a la maquinita redundaría en un shock inflacionario, producto de la megaemisión de pesos.

No hace falta saber demasiado para trazar el recorrido que va desde esa mayor emisión al salto del dólar. La pregunta, entonces, sólo sería en qué momento se rompe esa lógica perversa.

La consultora Economía & Regiones va un paso más allá y menciona algunas cuestiones que saldrán tras el acuerdo con los bonistas.

1. Debería tener impacto positivo en el costo de financiamiento de las empresas argentinas. De hecho, ya están surgiendo bancos que no financiaban operaciones comerciales con otros países y que ahora están empezando a hacerlo. Incluso, entidades extranjeras están planeando financiar importaciones y exportaciones. Además, la salida del default alargaría los horizontes de pago.

2. Dejar atrás el default debería significar más volumen y menor costo de los créditos dirigidos al consumo y a las personas.
La consultora creada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, supone que «el Gobierno utilizará la salida del default y el financiamiento externo para financiar el gradualismo en el aumento de tarifas y así amortiguar su impacto negativo «.

Por lo pronto, el equipo económico ya explicitó su rumbo: está jugado a que el acuerdo en Nueva York destrabe las inversiones (financieras y de las otras) que hasta ahora no llegaron a la Argentina a pesar de las promesas.

De ese logro dependerá qué tan rápido el país podrá salir de la recesión y retomar el camino del crecimiento.

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