Aranguren, naftazo y después: la medida que generó críticas hasta en los aliados y puso en el tapete la política petrolera


El incremento de 10% en la nafta fue decidido por el presidente Macri, a pesar de la opinión en contra de parte de su elenco de colaboradores. El argumento que lo convenció fue el riesgo de una ola de despidos en la industria petrolera. Debates por la transferencia de recursos a las empresas

 

 
El incremento en el precio de las naftas ya es, a esta altura, la decisión de política económica más polémica de la gestión Macri.

Es posible que no tenga el mismo impacto social que el de la suba del gas, la electricidad y el boleto de colectivo. Tampoco que genere el revuelo político del veto a la ley de doble indemnización, pero tiene algunas características que hasta ahora no se habían visto en otras medidas.

Para empezar, a diferencia de lo ocurrido con otros «tarifazos», no hay palabras de apoyo por parte de los economistas. Cuando hubo que tomar otras medidas difíciles, se escuchaban las voces de justificación por la necesidad de corregir distorsiones, sincerar precios alejados de la realidad internacional y eliminar la pesada carga de subsidios.

En otros términos, todos los tarifazos anteriores fueron interpretados como la corrección de errores cometidos durante el kirchnerismo. Esta no es, evidentemente, la situación que se observa con las naftas.

Tal es así que empiezan a oirse las críticas de los ex secretarios de Energía. Como Alieto Guadagni, que sostuvo que el esquema que lleva adelante el ministro Juan José Aranguren implica una transferencia de u$s5.000 millones a las empresas petroleras.

Y, para sorpresa de muchos, los propios dueños de estaciones de servicio, nucleados en CECHA, criticaron al Gobierno. «No nos esperábamos un incremento de tamaña magnitud, es el más importante de la última década», sintetizó Carlos Gold, titular de la entidad.

Entre los estacioneros, cuyo reclamo tradicional siempre fue el aumento de los precios, ahora manifiestan preocupación por una eventual caída en el consumo de combustibles.

El más notorio de los críticos fue Domingo Cavallo, quien militó para que Macri ganase las elecciones pero que ahora advierte sobre el «despropósito» del incremento en el precio de los combustibles.
El ex funcionario criticó que el litro de nafta cueste el doble que en los Estados Unidos: u$s1,20 contra 60 centavos de dólar.
Salvo en el caso de Uruguay, vale más en la Argentina que en el resto de América Latina.

En Colombia está 64 centavos de dólar; en Perú, 83 centavos; y en Paraguay, 87 centavos. En Chile y Brasil, el litro ronda un dólar. En Uruguay cuesta u$s1,30; diez centavos más que en Buenos Aires pero en un nivel similar al del interior de la Argentina.
Con los nuevos valores, la carga de un tanque del auto quedó cerca de los $1.000.
En definitiva, a diferencia de otros servicios públicos, es la sensación de que no se trata de un tarifazo hecho por la necesidad de reducir distorsiones sino todo lo contrario: la suba responde a un esquema intervencionista sobre el sector petrolero.

De esa manera, lo que ha ocurrido tras la decisión de Aranguren es que lo que está en el tapete ya no es apenas un precio sino que todo el diseño de política petrolera está puesta a debate.
Y, acaso el punto más sintomático, esta medida dejó al descubierto la existencia de una interna entre los principales funcionarios del macrismo.

 

La decisión de Macri
La medida se terminó de definir el último viernes a media mañana. Hubo contactos entre Aranguren con los coordinadores del equipo económico, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. La decisión final la tomó el propio Mauricio Macri.

Más tarde se decidió convocar a las empresas. El ministro de Energía aceptó lo que le habían pedido las petroleras: un aumento del 10% bajo el compromiso de que no habrá despidos masivos en la industria.
Así, se ponía punto final a una de las semanas más ásperas en el Gabinete nacional. Tal como reflejó iProfesional, la idea de Aranguren de llevar adelante una remarcación en los precios de los combustibles generó una fuerte resistencia de los demás ministros. En especial en el «ala política»: Marcos Peña y Rogelio Frigerio, aunque también se opuso Alfonso Prat Gay.
El ministro de Hacienda y Finanzas insiste con su pronóstico del 25% de inflación anual, que va quedando sepultado por la realidad. Una realidad que dibujan sus propios colegas en el Gobierno.
Al ser consultado sobre si habrá nuevos aumentos antes de que finalice 2016, Aranguren no lo descartó: «Eso tiene que ver con las variaciones de precios que no depende de lo que ocurre en Argentina».

«Los combustibles dependen mucho del petróleo crudo. Si ese valor y el tipo de cambio se mantiene en los niveles en que estamos hoy, creo que sí (que éste será el último aumento del año). Pero no puedo pronosticar qué es lo que va a ocurrir con algo que tiene variaciones que no dependen de lo que ocurre en Argentina», subrayó.
«Es el mal menor», aseguraron en el Ministerio de Energía cuando iProfesional consultó sobre la medida que generó una fuerte polémica y consternación entre los consumidores, que habían creído que tras los ajustes tarifarios del mes pasado se terminaba la saga.
Aranguren pasó la mañana del lunes dando los fundamentos de su iniciativa: «Esto es para ir reflejando en forma gradual el impacto que tuvo en el petróleo y la corrección cambiaria que se dio a partir de la salida del cepo: antes el dólar estaba a $9,68 y en lo que va del año tiene un promedio de $14,50».
Según el ministro, el alza del billete verde, sumada a la caída internacional en del barril, ahogó los balances de las compañías que operan en el sur de la Argentina.
Especialistas consultados por iProfesional aseveraron que la devaluación elevó en un 35% los costos de las refinadoras. Y que esta última suba del litro de nafta prácticamente sirvió para compensar esa ecuación.
Fuentes oficiales dijeron a este medio que las compañías habían planteado la posibilidad de efectuar miles de despidos en caso de que el Gobierno rechazara su pedido de ajuste en los surtidores.
En la industria trabajan alrededor de 80.000 operarios. El 80% en la Patagonia. «No había opciones: o aumentábamos o corríamos el riesgo de que, sólo en Mendoza y Santa Cruz, pudieran echar a 10.000 personas. Preferimos que los consumidores subsidien parte de esos empleos y que haya un punto más de inflación antes de enfrentar una situación social y política gravísima en las provincias», analizó un colaborador de Aranguren a este medio.
Para el Gobierno, en la Argentina es inviable copiar el modelo que existe en Estados Unidos y Canadá. En esos países hubo nada menos que 200.000 despidos en la industria petrolera en los últimos meses.

Con una economía recesiva y con pérdidas de puestos de trabajo en distintos sectores, los funcionarios decidieron que el resto de la sociedad costee los balances de las compañías.
De acuerdo con el análisis de diversos especialistas del sector energético, hay dos empresas clave en esta crisis: YPF y Pan American Energy, de la familia Bulgheroni.
«En lugar de realizar un aumento por única vez en forma de shock, lo que se hizo fue aplicar subas parciales: 6% en enero, 6% en marzo, 6% en abril y 10% en mayo», dijo Aranguren durante la conferencia de prensa.
Algunos colegas de Aranguren en el Gabinete, en cambio, le critican su falta de previsión. Desde Energía rechazan los reclamos: «Si algún ministro promete lo incumplible, no es culpa nuestra. Estos aumentos estaban previstos. Eran ahora o dentro de poco. Pero algo había que hacer», insinuaron.
Tomada la decisión del «naftazo», algunos ministros se quejan por la falta de coordinación entre las distintas áreas. «Cada uno hace sus previsiones pero sin consultar antes con otros Ministerios», revela una fuente oficial, dando cuenta de la interna que generó esta última decisión.

Previous Exclusivo: Los retos de Cristina a intendentes y senadores
Next Supervisión de obras de trabajo de base y pavimentación