Carlos Balbín: «Intentaremos recuperar las propiedades de quienes defraudaron al Estado»


El procurador del Tesoro dice que con el proyecto oficial de extinción de dominio se logrará la devolución de los bienes de la corrupción

 

Intentaremos recuperar para el Estado las propiedades de Lázaro Báez o de cualquier otra persona que haya defraudado las arcas públicas, para después sacarlos a remate», dice Carlos Balbín, titular de la Procuración del Tesoro de la Nación.

 

 
A fines de abril, en medio de la conmoción provocada por las revelaciones periodísticas sobre la ruta del dinero K y las imágenes televisivas que mostraban máquinas contando millones dólares dentro de La Rosadita, el Gobierno presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de extinción del dominio y de recuperación de activos. La Argentina es uno de los países con más altos índices de corrupción, según todas las mediciones internacionales.

Más allá de los avances de las causas judiciales en esos casos, el presidente Mauricio Macri quiso mandar una señal clara de transparencia y la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, elaboró el proyecto de recupero de activos.
Si el Congreso sanciona la ley, la Procuración del Tesoro será el organismo encargado de demandar ante la Justicia el recupero de esos bienes de la corrupción.

-¿Sinceramente ustedes creen que es posible que los bienes de Lázaro Báez, de Jaime o de otros sospechosos de corrupción terminarán volviendo al Estado?

 

-La nueva ley será muy útil e incluso permitirá recuperar propiedades o dinero que se sustrajo al Estado antes de su sanción. Cualquier persona que haya cometido un fraude en perjuicio de la administración pública, o los funcionarios, legisladores o jueces que hayan cometido cohecho, dádivas o enriquecimiento ilícito, podrán perder uno o todos sus departamentos, autos, todo lo que hayan adquirido en forma ilegítima, Nunca estarán seguros que conservar lo que robaron.

-Pero desde hace muchos años el Código Penal y la ley sobre lavado permiten el decomiso de bienes del delito y el recupero de bienes, incluso antes de que haya una condena penal. Sin embargo, nunca se vio que un corrupto tuviera que devolver lo que se llevó.

-El nuevo proyecto establece un mecanismo completamente distinto al del Código Penal y mucho más eficaz. Hay varias diferencias. La primera: la Unidad de Información Financiera, con una investigación preliminar, identificará al bien adquirido con dinero ilícito, por ejemplo un departamento, una cuenta determinada o cualquier otro. Y nosotros, en la Procuración del Tesoro, impulsaremos el juicio.

-¿Juicio penal o civil?

-Ésa es la segunda diferencia, muy importante. No tendremos que esperar a que un tribunal penal dicte una sentencia de condena. Los juicios penales son lentos y a veces, por distintos motivos, terminan en una absolución, prescriben, etcétera. Con la futura ley, el Gobierno no necesitará iniciar un juicio penal ni esperar una condena. Bastará con que el Gobierno, la Procuración del Tesoro, presente una demanda civil ante un juez federal civil y comercial. La encargada de perseguir el recupero de esos bienes será la Procuración del Tesoro.

-¿Cualquier persona podrá ser perseguida por este camino?

-No. Precisamente, este mecanismo de extinción del dominio no se usará para perseguir los bienes de cualquier delincuente, sino los de quienes cometieron delitos contra el Estado. La sociedad necesita que no se pierdan tantos miles de millones a manos de funcionarios corruptos. Sólo queremos perseguir los bienes de origen ilícito, adquiridos por quien perjudicó a la administración pública, cuando no se pueda justificar esa compra. Un juez federal civil declarará que se extingue el dominio de ese bien y pasará a ser administrado por una Agencia de Recuperos y Remates.

-¿La oposición no podrá decir que es inconstitucional? En todo caso, es posible que el FPV intente proteger a sus ex funcionarios o que también sientan algún tipo de persecución.

-No olvidemos que la Constitución protege el derecho de propiedad cuando los bienes son adquiridos legítimamente. Si el bien fue adquirido en forma ilícita, con dinero que pertenece a toda la sociedad y alguien se lo apropio, esa propiedad no está protegida. Las personas honestas no deben temer nada. Además, el artículo 36 de la Constitución dice que debe ser condenado quienes se enriquezcan en perjuicio del Estado. El Gobierno busca liderar una estrategia global contra la corrupción. Y este mecanismo es nuevo en la Argentina, pero se aplica en Europa y en otras regiones.

-¿Y si se trata de cuentas o bienes en el exterior?

-Sí, también podremos presentar demandas fuera del país, con estudios extranjeros y aprovechando acuerdos internacionales.

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