La nueva estrategia de Macri: ya no ignora el desempleo y provoca un hecho político para frenar ley antidespidos


El acuerdo firmado con empresarios no tiene mayor validez que la de una declaración de buena voluntad, pero implica un gesto político que pidió el Gobierno, tras constatar que la opinión pública percibe una crisis de empleo. Así, Macri espera dar un argumento a sus aliados en el Congreso
bía un clima de satisfacción en la Casa Rosada tras la firma del documento en el que los empresarios se comprometen a no realizar despidos por 90 días.

La sensación es que se habían reparado errores y que la nunca concretada convocatoria a un «pacto social», por más tardía que sea, finalmente puede jugar a favor.

Es que, más allá de la utilidad real de un documento sin muchas consecuencias prácticas y de si la medida es o no efectiva para frenar el proyecto de ley de la «doble indemnización», lo que quedó en claro es que hubo un gesto político fuerte.

Mauricio Macri, después de transitar un período en el que negó el problema y de exhibir cifras de AFIP para demostrar cómo crecían las contrataciones, decidió dejar de combatir contra las estadísticas y la opinión pública para cambiar repentinamente de estrategia.

Entendió que el momento requería tomar la iniciativa política y no permitir que el desempleo siguiera siendo el tema con el que la oposición marcara los tiempos de la agenda nacional.

Tanto funcionarios como dirigentes de las cámaras empresarias interpretaron el hecho como el resultado de una revisión de la política oficial y de un diagnóstico sobre la necesidad de «dar un volantazo».

«Mauricio había errado el cálculo político», dijo un ministro del Gabinete nacional, al compartir su crudo diagnóstico con uno de los principales empresarios este último fin de semana.

Precisamente, el sábado y domingo fueron días que estuvieron plagados de contactos informales entre funcionarios y hombres de empresas.

Todos los encuentros y llamados telefónicos se realizaron con el único fin de encontrarle una salida a la agitación política generada por la ley antidespidos.

En secreto, el ministro terminó confiando lo que varios de sus colegas comparten en el Gabinete: que el Gobierno atravesó las últimas dos semanas corriendo por detrás de una agenda que le fue impuesta por el kirchnerismo y los sindicalistas.

Por cierto, fueron catorce días muy distintos a los que inicialmente habían imaginado los colaboradores de Macri, en los que debería haber primado la «buena onda», producto del acuerdo con los holdouts.

Pero no fue así. Muy lejos estuvo el Gobierno de haberle sacado el «jugo» suficiente al fin del default.

La agenda política fue captada por la oposición, a raíz de los reclamos por los despidos tanto en la administración pública como en las empresas.

Macri, primero, ignoró las denuncias sobre despidos. Luego, ante las evidencias, minimizó la problemática laboral valiéndose de datos de la AFIP que daban cuenta de lo contrario. Es decir, de un aumento en la cantidad puestos «en blanco».

Cuando la estrategia desplegada por el jefe de Estado -y también por Marcos Peña en el Congreso-, no alcanzó para dar vuelta la página, el mandatario sobreactuó su rechazo a la iniciativa bajo la amenaza de un veto, si finalmente se aprobaba la ley.

Por último, tras la contundente movilización del sindicalismo unido y la posibilidad de una rápida aprobación de la norma en el Parlamento, el Presidente optó por avanzar en un acuerdo directo con los directivos de las principales compañías.

Así, en la tarde del lunes, dio una de las señales de poder más contundentes desde que asumió hace hoy cinco meses: reunió en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno a la «crema» del empresariado argentino.

En un principio, hubo ejecutivos que se mostraron escépticos y hasta ofuscados por la convocatoria pública hecha por el ministro de la Producción, Francisco Cabrera.

Sostenían que no tenía mucho sentido pedirles a las empresas un compromiso muy difícil de cumplir, porque no se le puede prohibir a una firma en crisis que no reduzca personal.

Sin embargo, terminó prevaleciendo la visión política: el Gobierno necesitaba generar un hecho de contundencia mediática como forma de oponerse a la idea instalada de que únicamente el proyecto de ley que tuvo media sanción en el Senado es la forma de evitar un agravamiento de la situación laboral.

Antes de reunirse con los directivos, Macri había hecho lo propio con parte del sindicalismo.
Esto, en una muestra de que el tema social pasó al tope de la agenda de prioridades, una vez resueltas las cuestiones del cepo cambiario y de la negociación con los «buitres».

Por lo pronto, lo ocurrido este lunes guarda muchas connotaciones del muchas veces anunciado y nunca concretado «pacto social».

El oficialismo intenta acallar las sonoras críticas que le llegaron desde la oposición y el sindicalismo. Y las objeciones que, como ya se mencionara, ya formulaban desde las propias filas.

En principio, el Gobierno empezó a recoger los primeros frutos de su iniciativa: su aliado peronista en el Congreso, Sergio Massa, le dedicó un guiño al afirmar que «reconocer el desempleo es de por sí un signo de madurez».
Asistencia perfecta
En la Casa Rosada, los principales empresarios rubricaron el documento acordado con el Gobierno en el que se comprometen a «no reducir planteles de empleados durante al menos los próximos 90 días».

También, a «generar planes de inversión para promover más puestos laborales» y a «trabajar junto al Gobierno nacional y a los sindicatos en una agenda de desarrollo y de mejora de calidad del empleo en el país, sector por sector».

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Durante el breve acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el Presidente enfatizó: «Estoy muy contento por este encuentro que tiene como objetivo defender el trabajo argentino».

«Es una obsesión de mi Gobierno crear trabajo. El camino a la Pobreza Cero es generar trabajo de calidad, calificado, que agregue valor y les genere orgullo a las personas. Estoy seguro de que lo podemos lograr. Nuestra gente tiene talento y empuje», expresó.

«Todos tenemos que poner el hombro en esta transición difícil», enfatizó el jefe de Estado frente a un selecto auditorio que lo escuchaba con atención.

Entre el centenar de empresarios que desfilaron por la Casa Rosada estuvieron Cristiano Rattazzi (Fiat), Eduardo Elsztain (Irsa), Luis Pagani (Arcor), Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza), Teddy Karagozian (Tn Platex), Claudio Belocopit (Swiss Medical), Luis Betnaza (Techint) y Facundo Gómez Minujin (JP Morgan).

En este marco, Macri criticó con dureza, tal como lo venía haciendo, la iniciativa y los planteos de la ley anti despidos que se trata en el Congreso.

«Debatamos en serio cómo se genera trabajo. Es a partir de generar confianza, que trae inversión, que trae trabajo de calidad. No viene de la mano de las arbitrariedades», señaló.

Para darle envergadura al acto oficial, el Gabinete nacional completo estuvo presente, al igual que el titular de la AFIP, Alberto Abad, y el del Banco Nación, Carlos Melconian.

La puesta en escena fue una fuerte señal política a la oposición, que plantea la sanción de la controvertida ley pero, sobre todo, hacia los sindicalistas, cuyo respaldo al proyecto resultó clave para su impulso legislativo.

El cambio de estrategia comunicacional quedó en claro cuando el ministro de Producción, Francisco Cabrera, hizo referencia al anuncio exclusivo para «aliviar impositivamente» a las pequeñas y medianas empresas.

El funcionario, junto con los ministros coordinadores Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, trabajaron durante el fin de semana para «abrochar» la cumbre con los principales ejecutivos.

Jorge Triaca (ministro de Trabajo), a su vez, se encargó de armar la reunión del jefe de Estado con los sindicalistas.
El verdadero temor empresarial
Con el asesoramiento de sus principales espadas dentro del Ejecutivo, Macri pareció comprender que estaba perdiendo la pelea política y que debía dar una respuesta a la problemática laboral.

Además, que su rechazo a la propuesta de la ley como única respuesta a la impresión de que efectivamente existe una ola de despidos, por sí solo no servía para dar vuelta las expectativas.

Más grave aun es que esas expectativas negativas podrían entorpecer una reactivación de la actividad económica.

En aquel diálogo informal entre el ministro y el empresario, el primero se sinceró: «Mi temor es que esto se convierta en un círculo vicioso, a partir del cual sea cada vez más difícil convencer a la sociedad de que este Gobierno puede levantar la economía».

«Quien no maneja la agenda pública, menos chance tiene de liderar la salida de la crisis», completó.

Los ejecutivos que colmaron el Salón Blanco lo hicieron convencidos de algo: que lo más grave de la ley antidespidos no es lo que está escrito en la propuesta sino, más bien, en lo que podría desencadenar.

«Lo peor es la prohibición de despedir por seis meses se vaya renovando y termine manteniéndose en el tiempo», confió uno de los asistentes a iProfesional.

A diferencia de la crisis de 2002, esta vez no sería tan fácil la imposición de una meta cuantitativa para levantar la normativa.

En aquel momento hubo un acuerdo por el cual la ley antidespidos y la doble indemnización se disolvió cuando el índice de desempleo se ubicó por debajo de los 10 puntos.
Ahora es diferente, ya que la tasa de desocupación se encuentra en el 7,5%.

En definitiva, el Gobierno quiso darle una respuesta política a la crisis.
¿Acaso cuál sería el efecto de un documento firmado por los empresarios, más allá de un compromiso público de tratar de evitar la temida ola de cesantías y el consecuente hundimiento de las expectativas de la sociedad?

Durante la semana, las propias asociaciones empresariales se juntarán para engrosar la nómina de firmas comprometidas con el pedido presidencial.

El reclamo de Macri a los ejecutivos fue claro: que no lo dejen solo frente a los reclamos sindicales. Que el costo político por vetar la ley, sin antes pasar al frente en la discusión, sería una mala noticia, no sólo para el Gobierno, sino también para ellos.

«Macri los quiso involucrar con el proyecto. Que asuman un compromiso público, más allá de los papeles que firmemos», apuntó un funcionario.

¿Por qué un compromiso por 90 días y no por 180 como postula la ley?, le preguntaron a Francisco Cabrera.

«Porque dentro de 90 días ya vamos a ver las mejoras en la economía y la creación de puestos de trabajo. El 85% de las empresas quiere mantener o agrandar su plantilla; de ninguna manera despedir gente», aseguró.

Afuera de la Rosada, varios ejecutivos dieron su posición sobre la propuesta oficial: «Había una necesidad de darle una respuesta a una ley que no sirve», dijo Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical.

A su lado, Javier Campos, del núcleo AEA, señaló que la ley antidespidos inhibe la creación de puestos. Y que, desde hoy mismo, saldrán a comprometer a más compañías para evitar que más argentinos se queden sin trabajo.

 

 

 

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