El Gobierno quedó en medio de la pelea por copyright entre sojeros y Monsanto: hay un millón de toneladas «encanutadas»


En conflicto por el testeo que mantiene la multinacional en los puertos de exportación, Agricultores Federados Argentinos mantendrá cautivo su stock hasta que el Gobierno obligue a la estadounidense a desactivar sus monitoreos. Monsanto intenta hacerse con $400.000 en licencias que AFA no pagó

 

 

 

La disputa en torno a los controles que la multinacional Monsanto viene concretando sobre los productores y exportadores de soja comienza a tocar de lleno las arcas públicas.
Así, en simultáneo a la decisión de la estadounidense de informar que, más allá de la voluntad de Ministerio de Agroindustria de frenar la medición, continuará con el monitoreo en puertos que le permite detectar su tecnología transgénica Intacta, la cooperativa de productores más grande de la Argentina decidió plantársele a la firma.

Agricultores Federados Argentinos (AFA) notificó que, por el momento, mantendrá sin liquidar un stock superior al millón de toneladas de la oleaginosa, lo cual se traduce en un saldo que seguirá al margen de las arcas públicas y que la misma organización fija en el orden de los 4.000 millones de pesos.

En el negocio del agro la movida de la entidad es observada como un llamado de atención para el Gobierno, que más allá de dictar hace dos semanas una resolución que en teoría destierra la opción de los controles nunca dejó en claro si la medida incluye también la metodología que aplica Monsanto.

Desde el sector exportador explicaron que en AFA «cuentan con un stock superior al millón de toneladas sin poder vender a los exportadores ante la posibilidad de que los mismos le retengan 15 dólares por tonelada por la llamada Cláusula Monsanto».

«Pese a lo que dice Monsanto de que no está cobrando compulsivamente, y los anuncios del Ministerio de Agroindustria, existe la posibilidad de que se haga efectiva y se apruebe retroactivamente la penalización económica por el uso de la biotecnología de esta multinacional», señalaron las mismas fuentes.

Por su parte, Gualberto Di Camillo, vocero de AFA, explicó que «de efectuarse el descuento, causaría un problema económico muy importante, además del incremento en costos por tener los granos sin poder despachar».

El empresario recordó que AFA «ya había señalado hace meses que no podía ingresar un solo camión de esta cosecha sin tener resueltos estos temas; es algo de larga data y como no hubo acuerdo, sucedió esto».

«Tanto la gente de Agroindustria como los de Monsanto estaban al tanto de esto, no puede quedar sin resolver este problema, las negociaciones se están haciendo tan largas que perjudican a los que estamos en el medio y también a los productores», dijo.

Monsanto no afloja
Desde el año pasado, y previo acuerdo con los exportadores, la empresa lleva a cabo un monitoreo compulsivo de los cargamentos de granos para detectar el uso «pirata» de su genética.

En caso de detectar que la soja entregada en el puerto no figura entre las bolsas comercializadas por la firma, Monsanto procede a cobrarles a quienes entregan los granos una tasa de 15 dólares por tonelada.

De oponerse, el empresario agrícola que liquida puede incluso ser llevado ante la Justicia. Hace una quincena, tras la fuerte oposición contra la multinacional entablada por entidades como la Sociedad Rural Argentina (SRA), el Ministerio de Agroindustria dictó la resolución 140 que obligaba a Monsanto a homologar su sistema de monitoreo.

Pero, a contramano de la decisión, la compañía no llevó a cabo ni un solo trámite. Y, lo que es más: continuó con los controles. Consultados por iProfesional, voceros de la empresa indicaron en ese momento que la cartera oficial nunca dejó en claro si la medida abarcaba a la tecnología utilizada por la creadora del herbicida glifosato.

El último fin de semana, Monsanto fue todavía más fuerte. La casa matriz de la compañía en Estados Unidos emitió un comunicado al que accedió iProfesional en el que informó que «la toma de muestras y detección de la tecnología en el punto de entrega continuará y se mantendrá operativo el Sistema de Verificación y Reconocimiento de las tecnologías en soja».

En otras palabras, la firma no detendrá los escaneos en el puerto.

«El actual sistema de reconocimiento de tecnologías en soja es legal, dado que Intacta RR2 Pro es una invención biotecnológica que está protegida en la Argentina y otros países del mundo por derechos de patente de propiedad de Monsanto y sus afiliadas», argumentó la empresa.

«En la Argentina, se han otorgado dos patentes que protegen Intacta RR2 PRO, la patente AR026994B1 («Nuevas construcciones expresadas en plantas y método para expresar una secuencia de ADN en las plantas») y la patente AR010897B1 («Método para controlar la infestación de una planta de soja por un insecto de Tortricidae la familia»)», sigue el comunicado.

Para luego concluir: «Además, Monsanto tiene cuatro solicitudes de patente pendientes para la tecnología Intacta RR2 Pro. Varias patentes fueron otorgadas en otros países para proteger el uso de esta tecnología fuera de Argentina», completa el comunicado.

Más allá de este aspecto, es claro que la posibilidad de que la decisión de AFA encuentre réplica en otros actores similares despierta más de una preocupación en el entorno de la multinacional.

En ese sentido, fuentes cercanas a la empresa sostuvieron que «la situación con la cooperativa derivará en una acción judicial si se observa que no hay predisposición para el acuerdo. La idea es que este tipo de actitudes no se vuelva algo común en el negocio del agro».

Monsanto viene de remitirle a AFA facturas por hasta $400.000 derivados de unos 56 camiones que, vinculados a la organización, fueron detectados con carga de soja Intacta en distintos puertos de exportación.

«En su momento la compañía le dio todas las facilidades para que AFA testee la soja que almacena de sus asociados.
Decidieron no participar de la alternativa de negocio y la posibilidad de control. De hecho, Monsanto hasta llegó a enviarle kits de monitoreo para facilitar las cosas. Todo derivó en tomas de muestras en silos de Metán, en Salta, y el posterior reclamo judicial», precisó la fuente consultada.

«Hasta el día de hoy, AFA prosigue con la idea de comercializar la nueva soja sin licencia de Monsanto. Esta es una lucha larga contra la organización en cuestión, pero no hay que confundirse. Más allá de que AFA informó que no comercializará la soja, los granos fuera de ese actor siguen fluyendo con normalidad», dijo.

Actor de peso
Del otro lado, Di Camillo justificó la decisión de AFA: «Nosotros fuimos muy claros, no somos ni queremos ser partícipes de esta situación, Monsanto lo que tendría que hacer para cobrar los derechos que dice tener es ir a cobrarle al productor, no meter a los otros actores de la cadena».

«Si hay algún canon la empresa debería cobrarlo en la semilla y no en el grano», agregó el empresario.

Según Télam, actualmente AFA es el noveno exportador de soja del país y viene creciendo. De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2014 AFA vendió casi un millón, en 2015 1,4 millones y se espera que este año supere esa cifra.

A este conflicto se suma el que ya tuvieron la cooperativa y Monsanto el año pasado por la campaña de soja en el Noroeste, que derivó en una disputa judicial en los tribunales de Salta.

En ese momento, Monsanto reclamó que AFA infringía su patente por la tecnología Intacta dado que comercializó soja de esa variedad sin licencia. Esto motivó una presentación judicial, la realización de pruebas en silos de la cooperativa y un trámite judicial de la causa que aún no ha finalizado.

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