Sur, ajuste y después: cómo las protestas en las provincias patagónicas marcan un límite al plan económico de Macri


La multiplicación de cautelares y la extensión de movilizaciones forzaron al Gobierno a dar marcha atrás en forma parcial con el tarifazo en el gas. Pero además se combina con un clima social de mayor conflictividad ¿Cuáles son los motivos?

 

 
Sube todo menos la alegría», fue una de las banderas que encabezó la ola de protestas contra el tarifazo del gas la semana pasada.

Esto, que podría ser una anécdota, en realidad sintetiza el aire que se respira en el sur del país, donde el discurso oficial pierde su eficacia.

Los reclamos que se vienen sucediendo en los últimos meses en esa zona -en ocasiones con incidentes violentos- ponen de manifiesto que, en ese lugar, el margen para el ajuste económico está agotado.

Es que en el sur del país se sintetizan todos los problemas a los que se enfrenta el Gobierno:
– La mayor sensibilidad a los incrementos de precios en los servicios públicos, por el rigor climático propio de la región.
– Un entorno global desfavorable, dado que es una economía basada en los hidrocarburos, justo en momentos de caída del precio internacional.
– La pérdida de competitividad, que no logra ser compensada con iniciativas similares como las pensadas para otras regiones, como la eliminación de retenciones a la exportación.
– El alto porcentaje de empleados en el sector público, que queda en evidencia por el impacto social que provoca la paralización en las obras del Estado y en el agotamiento de las cajas de los gobiernos provinciales.

En definitiva, las manifestaciones y disturbios provocados en el sur han sido interpretados en el ámbito político como un punto de inflexión en la aplicación del plan económico.

Este es uno de cambios de los que tomó nota Mauricio Macri, habida cuenta de que la multiplicación de medidas cautelares y la extensión de movilizaciones hacia otros distritos del país lo forzaron a dar marcha atrás -al menos en forma parcial- con el tarifazo en el gas y, por lo tanto, a graduar el ritmo del ajuste.
El volantazo fue oficializado con la publicación de la resolución firmada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

La medida dispuso un tope de 400% a los aumentos de gas para los clientes residenciales de todo el país (a igual nivel de consumo del mismo período del año anterior).

Además, fijó un límite de 500% al incremento en comercios, pymes, hoteles de turismo y clubes de barrio.

La decisión, por lo pronto, tendrá un costo fiscal de $2.250 millones extra para el gas.
Sucede que, junto con la llegada anticipada del invierno, terminó de emerger un nuevo clima social, alimentado por una combinación de conflictos cuyos efectos son todavía de alcance imprevisible.

Por caso, La Matanza se convirtió en el primer distrito del conurbano en ponerle un fuerte freno al aumento en las tarifas de servicios públicos, luego de que la Justicia aceptara un amparo presentado por la intendenta local, Verónica Magario.

El fallo se sumó a los que obtuvieron Chubut, Santa Cruz, Corrientes, Mendoza y varias localidades de Buenos Aires.
En este contexto, Macri no tardó en retomar el centro de la escena.

El mismo lunes encabezó un acto en el club de barrio donde se filmó «Luna de Avellaneda» para anunciar la devolución del 40%, retroactiva a abril, de lo que se le cobró por el servicio de luz a las entidades deportivas comunitarias.

Para estos, además, habrá un fondo de $200 millones destinados a cubrir el importe de las boletas.

El objetivo es mostrar a un Presidente sensible ante una problemática social acuciante que escaló en la agenda pública más allá de lo previsto.
No obstante, desde el Gobierno tratan de minimizar las señales de descontento: si bien creen que las demandas son genuinas, vinculan los amparos y las manifestaciones con movidas de la oposición.

«Es parte de la política y un reclamo de la sociedad. No somos tontos, detrás del 80% de los amparos está el Frente para la Victoria y el Frente Renovador», señalaron a iProfesional fuentes oficiales.

«Peor es hacer las cosas mal y dejarlas así», justificaron en el entorno de Macri.

3

«Capitán Frigerio»
Algo que sí admiten los funcionarios es que la situación les «preocupa».

En rigor, la «rebelión» patagónica empezó a pasarle factura a más de un miembro del Gabinete.

Al ministro de Interior lo bautizaron «Capitán Frigerio» durante una concentración en Tierra del Fuego. El apodo -en referencia al villano de Batman que congelaba a la gente con su arma de criogenización- apuntó a quien negocia presupuesto, subsidios y tarifas con los gobernadores.
Por otro lado, tampoco jugó a favor de Rogelio Frigerio las explicaciones que dio para defender el alza en las boletas que, en La Patagonia, llegaron al 700% en domicilios y hasta el 2.000% en empresas.

El funcionario aseguró que el servicio de gas en esa región «era prácticamente gratis», por lo que en invierno la gente estaba «en remera en la casa o abría las ventanas de tanta calefacción que tenían». El miércoles pasado, el día de las protestas, la temperatura alcanzó los 4 grados bajo cero en Río Grande.
El termómetro peronista fue de los primeros en anticipar el cambio de escenario.

Los mismos gobernadores patagónicos que meses atrás habían acordado llevar el precio del millón BTU (unidad de energía inglesa) de 3 a 5,10 dólares, de pronto se pusieron al frente de las negociaciones con la Nación para amortiguar el zarpazo en las boletas.

«Habían pedido el tarifazo para mejorar sus ingresos y fueron los primeros en recurrir a la Justicia», señalaron desde uno de los ministerios involucrados en las negociaciones con las provincias.
Así, subidos a la ola de descontento, los gobernadores peronistas le fueron arrancando, una a una, concesiones al macrismo:

– Primero fue el anuncio oficial de que las empresas pagarían el tarifazo en cuotas.

– Luego llegó el tope en las tarifas patagónicas del 400% para los hogares.

– Cuando se sentaron a la mesa las referentes de las provincias de todo el país, ese límite se extendió a todo el territorio

– A lo anterior se sumó el techo del 500% para comercios, pymes y hoteles.
«Más que las medidas cautelares, lo que impacta es la movilización de la gente, que creo que influye tanto o más de lo que pueda hacer una medida judicial», sostuvo el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.
Así las cosas, el balance provisorio muestra que el costo político es mayor al de otras decisiones polémicas.

Ni el veto a la ley antidespidos ni la modificación de la ley de blanqueo (que ahora excluye a funcionarios) hicieron tanto ruido en las propias filas del macrismo. Tampoco las idas y vueltas con el patrimonio del Presidente, tras las filtraciones de los Panama Papers.
Ahora, en cambio, el método de prueba y error acrecentó la imagen de los CEO como tecnócratas insensibles ante la población.

En la misma proporción, se intensificaron los rumores sobre una interna en el seno del Gobierno, con Aranguren como blanco de los ataques.

2

Eslabón débil
Lejos de limitarse a un problema de comunicación, el tarifazo tuvo un impacto más fuerte en la Patagonia que en otros distritos.

Allí la magnitud de los incrementos se combinó con otros factores de orden estructural que hacen de la región un eslabón débil.

Es que tiene las temperaturas más bajas, un costo de vida más alto y su principal actividad -la hidrocarburífera- está afectada por la crisis internacional del petróleo.
En Tierra del Fuego, los petroleros protagonizaron días atrás un reclamo impulsado por estatales, metalúrgicos, trabajadores de la construcción y dirigentes barriales.

La huelga casi deja sin gas al resto del país, por lo que el Ejecutivo debió recortar el consumo en las industrias para garantizar la provisión a los usuarios residenciales.

De ese modo, los gremios de la actividad dejaron en claro que las provincias patagónicas no pueden quedar fuera de decisiones que se tomen en materia de hidrocarburos.
Sin embargo, el fenómeno va más allá del problema energético.

En efecto, la Patagonia es foco de protestas desde el año pasado, un cuadro que ahora se agravó con el ajuste llevado adelante por los mandatarios provinciales en los gastos y, en algunas casos, con reformas del Estado para compensar la menor asistencia de la Nación.
Los paros de maestros, docentes y municipales son el principal emergente del recorte fiscal que tiene lugar en Tierra del Fuego, gobernada por la ex kirchnerista Rosana Bertone.

También en Santa Cruz, bajo el mando de Alicia Kirchner. En el bastión del kirchnerismo, a su vez, el parate en la obra pública abrió un foco de conflicto por las fuentes de trabajo con el gremio de la construcción.
La ciudad de Bariloche en Río Negro y la provincia de Neuquén también se vieron sacudidas por los paros de maestros y protestas de petroleros, junto con los reclamos de los productores de frutas.

Chubut es el otro caso paradigmático de la zona sur, luego de que en mayo se desatara una manifestación con eje en el desempleo, en medio del debate en el Congreso de la fallida ley antidespidos.

Los casos emblemáticos
– Tierra del Fuego: La sanción en enero de un paquete de ajuste -reforma del régimen jubilatorio, aumento de impuestos y recorte de política social- desencadenó una huelga histórica de docentes, municipales y estatales.

Durante 80 días acamparon frente a la Casa de Gobierno hasta que, a fines de mayo, las fuerzas de seguridad los desalojaron en forma violenta.
Por otra parte, la creciente apertura de importaciones golpea al régimen de promoción industrial enclavado en el distrito más austral de la Argentina.

Si a ello se agrega el impacto de las tarifas eléctricas en las fábricas ensambladoras, la producción es cada vez más insostenible. Por ello, la UOM alerta que el año pasado ya se perdieron 1.200 contratos.

A su vez, los petroleros se ven perjudicados por la desafectación de equipos de las operadoras.
– Santa Cruz: La capital de la provincia, Río Gallegos, amaneció este martes sitiada por los cortes de la Mesa de Unidad Sindical de esa provincia.

Esta integrada por estatales de ATE, trabajadores viales, docentes (Adosac), obreros de la construcción (Sitraic), judiciales, trabajadores de la sanidad de Aprosa y municipales. Los sindicatos reclaman mejoras salariales y empleo.
La protesta también apunta contra el ajuste que intenta llevar adelante Alicia Kirchner.

A fines de mayo, la movilización de los empleados públicos logró frenar el «impuestazo» y endeudamiento por un monto de hasta $10.000.

Ahora el gobierno espera que la Legislatura santacruceña la autorice la toma de deuda que, según el kirchnerismo, es para poder pagar sueldos, entre otras cuestiones.
– Chubut: En mayo, la provincia se vio sacudida por el «Comodorazo».

Se trató de una protesta de más de 20.000 personas de Comodoro Rivadavia.

La movilización que inundó las calles de la ciudad tuvo como objeto respaldar las negociaciones que en ese entonces mantenía el gobernador Mario Das Neves y los sindicatos con la Nación para sostener el esquema de subsidios a las petroleras y, de este modo, evitar que se agravaran los despidos en la actividad.
La «rebelión» fue acompañada por otros gremios, como el de comercio, la construcción, metalúrgicos y comerciantes.

Se trata de una provincia que el año pasado ya había sido protagonizado protestas en reclamo de la modificación del Impuesto a las Ganancias.
«Sube todo menos la alegría», decía una de las banderas que acompañaron los reclamos. Sucede en el sur del país, en donde el frío, el temor a perder el empleo y el tarifazo se hacen sentir con tanta fuerza que no dejan lugar para esperanzarse con un segundo semestre más cálido.
El golpe al bolsillo castiga duro, tanto o más que las inclemencias climáticas.

 

 

 

 

 

 

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