El fiscal que investiga las obras de tendido eléctrico en el parque industrial de Perico pidió la elevación a juicio de la causa en la que se imputa al intendente por fraude a la administración pública. Detalles de la maniobra.

 

 

 

El intendente de Perico, Rolando Pascual Ficoseco, está un poco más comprometido con la justicia desde el último viernes 13 de julio.

El fiscal Diego Cussel dio por finalizada la etapa de investigación por la cuestionada obra de tendido eléctrico en el parque industrial que se encuentra ubicado en el ingreso a la localidad y le solicitó al juez de control Gastón Mercau que lleve la causa contra el intendente y cinco funcionarios de su gestión a juicio oral y público.

La denuncia da cuenta de hechos de corrupción por más de tres millones de pesos en la adjudicación de la obra para la primera etapa de la red de tendido eléctrico del parque industrial.

Según Cussel, está probado en el expediente que se violaron todos los procedimientos administrativos previstos en la ley con el objetivo de pagar sobreprecios y direccionar la obra hacia una empresa beneficiaria particular: EJESA

Los hechos

De acuerdo al requerimiento del fiscal, en el año 2010 la provincia sancionó la ley N°5.670 que crea el Parque Industrial de Perico, dando un marco para el desarrollo de la economía y el desembarco de empresas en el ingreso a la localidad.

Tres años después, el municipio decide avanzar con la primera etapa de las obras de tendido eléctrico para comenzar recién a crear la infraestructura necesaria para el funcionamiento de cualquier industria.

 

 

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Según el relato de Cussel, contrata sin ningún tipo de documentación a la empresa Megaserv e incluso le provee materiales para la construcción de una primera etapa de la obra.

No hubo ningún acto administrativo que celebre el vínculo entre la empresa y el municipio, sin embargo se avanzó en trabajos preliminares en el parque.

Posteriormente, el intendente decidió quitarle las tareas a la empresa, generando una deuda que Megaserv pretende cobrar.

Dos años más tarde, en agosto 2015, Ficoseco le adjudica por contratación directa la misma obra a la empresa EJESA. Allí si aparece un contrato, por un monto superior a los 172 mil pesos.

Sin embargo, el precio de la obra le impedía a Ficoseco adjudicarle la obra directamente a EJESA; por ley, debía llamar a licitación.

EJESA a su vez subcontrata a otra empresa, SIEEM S.A., la cual termina realizando la obra. Esta tercerización le permite inferir al fiscal que hubo sobreprecios, ya que una obra que nunca fue licitada y por ende no buscó ofertas en el mercado, termina permitiendo que dos empresas se vean beneficiadas.

Tres meses después, el 16 de noviembre, se produce un hecho de mayor importancia: el municipio llama a licitación privada para realizar una obra de mayor envergadura. Busca realizar el tendido eléctrico en una segunda etapa del predio, para lo cual invierte 3.789.237 pesos. 

En la licitación, que debía ser pública pero fue de carácter privado, aparecen tres oferentes: EJESA y SIEEM (las dos intervinientes en el sospechoso negocio anterior) y RPM construcciones. Esta última es impugnada por supuestas fallas en la documentación, SIEEM se presenta pero no realiza ninguna oferta, en consecuencia la ganadora de la obra es EJESA.

La licitación en este caso parece haber sido hecha a medida de la empresa que distribuye la energía en Jujuy.

Por si fuera poco, acá aparece otro paso insólito para el derecho administrativo: el mismo día en que EJESA se adjudica la licitación, el municipio aprueba y firma el contrato para la adjudicación de la obra eludiendo el período de impugnaciones exigido por ley, y exactamente un mes después le paga la totalidad de la obra, cuando ni un solo operario había puesto un pie en el terreno para comenzar la obra.

De hecho, según el relato del fiscal, en febrero de 2016 se comprobó que no había rastros de ejecución alguna del tendido eléctrico.

Además, el pliego de bases y condiciones de la obra – que debía haber sido revisado obligatoriamente por los concejales pero nunca les fue entregado – establecía que el pagó sería un 50% al inicio de los trabajos y el resto cuando esté terminado.

De acuerdo a la presentación del fiscal, EJESA se había alzado con todo el dinero sin mover un solo cable. 

La maniobra para el encargado de la investigación es clara: se buscó estafar al estado manipulando en forma burda las normativas vigentes.