La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se reunió con tres movimientos sociales que reclamaban la ejecución presupuestaria de la ley. El acuerdo desactivó una jornada de protesta que se iba a desarrollar este mismo jueves

 

 

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, acordó hoy con distintas organizaciones sociales la “plena ejecución del presupuesto” previsto para la ley de Emergencia Social sancionada el año pasado por el Congreso, tal como reclamaba el sector.

De esta manera, los movimientos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEPcancelaron la jornada de protesta que habían anunciado antes de la reunión con la funcionaria.

“El Gobierno había planteado anteriormente que ya se había ejecutado el presupuesto, pero hoy aceptaron realizar una plena ejecución de la partida presupuestaria correspondiente a la ley”, explicó Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie.

El dirigente destacó, además, que es “importante que no se empuje la conflictividad social“, tras la reunión que mantuvieron con las autoridades nacionales en el Ministerio de Desarrollo Social.

Por su parte, Stanley señaló: “Se pudo encauzar el diálogo con un compromiso firme y fuerte del gobierno de hacer toda la inversión y todo lo que está comprometido en la ley de Emergencia Social“.

Por su parte, el referente de la CTEP, Juan Grabois, antes de la reunión había destacado el “gesto de buena voluntad” del gobierno para convocar a un nuevo encuentrlo, lo que desactivó la jornada de protesta que tenían prevista para este jueves.

Una ley marcada por el conflicto
Luego de establecer algunos diálogos con funcionarios del Gobierno, los movimientos sociales -encabezados por el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC)- ya había decidido el miércoles postergar protestas y pedido de donaciones en supermercados, aunque advirtieron que no se deben “medir fuerzas” entre las partes.

La expectativa por la reunión de este jueves era importante en las organizaciones piqueteras. De acuerdo con Daniel Méndez, Coordinador NAcional de Barrios de Pie, los montos de la ley de Emergencia Social “aún no han sido implementados en su totalidad y representan una importante ayuda para las familias humildes”.

Y agregó: “En un encuentro la semana pasada, los funcionarios afirmaron que no se iba a avanzar con la implementación de la Emergencia Social. Pero en conversaciones que mantuvimos esta semana, se han mostrado más sensatos en cuanto al cumplimiento de la ley, por lo que suspendemos las actividades que teníamos programadas, a la espera de que los funcionarios se comprometan con este tema tan delicado“.

En tanto, el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, este miércoles aseguró que el Gobierno “se está equivocando al querer medir fuerzas con las organizaciones sociales”, aunque anticipó que el diálogo con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley“es muy bueno”.

En las negociaciones, la posibilidad de una fuerte protesta callejera fue remarcada por las organizaciones. “Vamos a insistir con todas las instancias de diálogo”, había dicho el líder de la CCC. Y agregó: “Cuando se avanza, no tenemos por qué salir a la calle, si es lo que menos nos gusta”. Finalmente, se mostró “seguro” de que si el Gobierno obtiene un buen resultado en las elecciones generales del 22 de octubre habrá ajustes en las ayudas sociales.

Por su parte, el secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita, Gildo Onorato, explicó que lo que están buscando es “debatir y discutir la plena implementación de la ley de emergencia social votada por amplia mayoría el año pasado”.

“Es una ley de emergencia que estipula algunas instituciones de la seguridad social como el salario social complementario, que complementa el ingreso de los trabajadores que se fueron generando su propio trabajo para su supervivencia”, detalló.

 

 

En ese contexto, cuestionó: “Hasta acá se ha implementado el 40% del presupuesto que estipula la ley. El conflicto surgió a partir de la última reunión donde se nos informó que no se iba a seguir con la implementación. Definimos un plan de acción buscando el retorno del diálogo. El diálogo se retomó y esperemos que el gobierno recapacite para cumplir con esta ley del Congreso”.

El dirigente del Movimiento Evita remarcó que es necesario que se defina el calendario de ejecución de pagos. No obstante, advirtió: “Sabemos que esta es una ley que es paliativa y no resuelve los problemas de fondo”.

En ese sentido, agregó que el 50% de la población económicamente activa es desocupada o se genera su trabajo a través de la economía popular.

Consultado sobre la manera es que las organizaciones sociales utiliza el dinero que les da el Estado, Onorato contestó que se usa en la creación de unidades productivas. “En la posibilidad de concreta de abordar problemáticas alimentarias a través de fortalecimiento de unidades que abastecen a comedores”, ejemplificó.

“Pretendemos que se pueda llegar a un acuerdo rápido. Está claro que a ningún trabajador le gusta salir a manifestarse más allá de las estigmatizaciones”, subrayó.