Crean empresas de transporte, limpieza y hasta de seguridad que deben ser contratadas por compañías. El caso de Loma de La Lata es el más conflictivo para la relación entre pueblos originarios e YPF, que debió suspender un proyecto por amenazas y extorsiones. El lado “B” de la lucha por las tierras

 

 

 

La desaparición de Santiago Maldonado tras su participación en una protesta mapuche en Chubut fue apenas la punta del ovillo. 

A partir de allí, la sociedad en su conjunto comenzó a familiarizarse con la situación de los pueblos originarios, sus reclamos, sus luchas… y también sus negocios.

Es que las reivindicaciones históricas que vienen izando como banderas desde hace décadas, tanto en Argentina como en Chile, involucran áreas muy ricas en recursos naturales, especialmente en hidrocarburos.

Y, a medida que se conoce más sobre la situación, mayor es la atención  de los argentinos que siguen muy de cerca este tema.

Sin embargo, hay un gran protagonista en esta historia al que no le resulta nada novedosa la confluencia entre el negocio petrolero y los reclamos de los pueblos originarios: la propia YPF.

Pasan los gobiernos (militar, radical, peronista y Cambiemos), también los tipos de sociedad (estatal, privada nacional, privada extranjera y restatizada), pero la petrolera de bandera ha mantenido una constante: pagarle a los mapuches.

El concepto principal es el pago por “servidumbre“. Una especie de peaje que las empresas deben abonar por ley a los dueños de las tierras y que sigue siendo un tema de conflicto permanente con los “propietarios” de los terrenos.

El caso de YPF en Neuquén sintetiza esa relación entre los grandes grupos hidrocarburíferos con la comunidad mapuche.

Tal es así que en los últimos tres años, la compañía estatal lleva aportados la friolera de $100 millones para poder explotar Loma de La Lata, en el centro de la cuenca neuquina, a cien kilómetros de Plaza Huincul.

Juicio y reparación
El yacimiento, que fue descubierto en 1977 y que hoy es considerado una de las áreas productoras más importantes del país, alberga a doscomunidades mapuches: la Payndemil y la Kaxipayiñ.

La primera llegó a la zona desde Tandil en 1900, mientras que la segunda lo hizo en 1950.

El conflicto con ambas ha sido de tal magnitud que YPF se vio obligada a crear una unidad específica con el solo fin de negociar con estos pueblos asentados en las tierras donde explota sus yacimientos.

De hecho, hasta soporta un histórico juicio por daño ambiental, que data del 2000, y que fue heredado de la ex Repsol-YPF por una suma cercana nada menos que a los u$s500 millones.

La causa ya tuvo varios fallos, algunos favorables a los demandantes, al punto que la petrolera reconoció el daño al medio ambiente y presentó un plan de remediación.

Sin embargo, en algunas zonas no logró avanzar con ese proceso, a raíz de  haberse topado con los líderes mapuches que siguen reclamando dinero a cambio del uso de territorios.

Por caso, sólo la comunidad Kaxipayiñ se llevó en concepto de aportes de dinero realizados por la petrolera:

– $24 millones en 2014

 $32 millones en 2015

– $55 millones en 2016

Pero esto no es todo, ya que otro tanto debió ser volcado a cubrir las “necesidades” de los Payndemil.

En YPF admiten la existencia de conflictos con los mapuches y consideran que los reclamos de las comunidades por temas ambientales, en realidad, persiguen otro tipo de intereses.

“No guardan ningún tipo de relación con la defensa del medio ambiente y con los valores de la comunidad que representan”, aseguran en YPF.

Ante la consulta agregan que desde hace un largo período vienen presentando planes para resolver posibles inconvenientes vinculados con sus inversiones.

 

 

“Durante los últimos seis años, YPF ha logrado remediar 370.000 metros cúbicos de suelo afectado”, añaden.

Sin embargo, afirman que persisten los problemas con la comunidad Kaxipayiñ “porque sus líderes impiden las tareas por intereses que resultan totalmente ajenos a la preocupación ambiental”.

Como contrapartida, “con otras comunidades hemos logrado acuerdos y encarado acciones conjuntas y participativas”, añadieron las fuentes consultadas por iProfesional.

El administrador de negocios tercerizados
El dinero que debe pagar la petrolera, como consecuencia de estos fallos desfavorables, es depositado en una cuenta bancaria a nombre del líder de esta comunidad, Gabriel Cherqui.

¿La “contraprestación“? Sencillamente el uso de la tierra, al que suman otros conceptos que aplican los mapuches aprovechando, precisamente, la presión social sobre sus reclamos.

Adicionalmente, se ven beneficiados por la condición de prestadores de “servicios tercerizados” a las petroleras.

Sin embargo, revisten una condición de contratación bastanteespecial: según fuentes de YPF, estos grupos no participan en las licitaciones en pie de igualdad con otros competidores. Más bien, ejercen su presión para que sean contratados de manera directa.

Son varios los empresarios del sector que califican a su red de negocios como el resultado de maniobras extorsivas.

Además, no ocultan su irritación al describir cómo Cherqui circula en camionetas 4×4 de alta gama, se comunica con celulares iPhone y, al mismo tiempo, se autodenomina representante de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Como si esto fuese poco, señalan que la petrolera estatal se ve obligada a contratar empresas de limpieza y de transporte que fueron creadas, precisamente, por miembros de esta comunidad.

Las mismas fuentes hacen referencia a sus intentos para priorizar el diálogo y la consulta como herramienta de gestión. Sin embargo, lejos están de haber podido aplacar los incidentes con el aporte de fondosmillonarios.