Una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que sean entregados a organizaciones con tales fines.

 

 

 

Por disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los bienes secuestrados en casos de corrupción, narcotráfico y demás causas penales serán asignados a entidades con fines de interés público.

La acordada fue firmada este jueves por todos los ministros del Máximo Tribunal: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Entre otras consideraciones, la Corte Suprema señaló que la problemática que constituye la actividad delictiva y la necesidad de enfrentar delitos como la corrupción, el narcotráfico, lavado de activos se vincula con la necesidad de lograr la recuperación de activos que se obtienen de la persecución de ese tipo de actividades pero con el fin de beneficiar directamente a toda la sociedad. De ahí, la trascendencia que el ordenamiento jurídico le da al fin social de los bienes que han sido utilizados para cometer el hecho o el producto de ellos.

En esta clase de causas penales es frecuente que se disponga que los bienes de cualquier naturaleza que, por distintos motivos, no pueden ser entregados a sus dueños, que se asegure su conservación y preservar su valor económico durante el proceso, según la acordada publicada en el Centro de Información Judicial.

En ese sentido, la Corte sostuvo que la custodia y mantenimiento de esos bienes requieren la adopción de medidas que implican erogaciones públicas por lo que resulta de toda justicia y sumamente conveniente asignarles a estos bienes “una finalidad de utilidad pública” de modo tal que, a la par de asegurarse su conservación, toda la sociedad se beneficie de ellos a través de la entrega de los mismos a entidades con fines de interés público, para el cumplimiento de sus objetivos específicos.

Con fines de publicidad y transparencia, la Corte estableció que se publiquen las medidas que se adopten con relación a estos bienes en el marco de esta acordada junto con los datos de los bienes que se encuentren a disposición de la Corte para proceder a su asignación, previa identificación, localización, embargo y decomiso.

También se dispuso la obligación de inscribir –con carácter obligatorio e inexcusable- la información completa de todos aquellos bienes de cualquier naturaleza que se encuentren sometidos a decisión jurisdiccional únicamente en la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”, resguardando la identidad de sus titulares y los detalles concretos de su identificación.