La diputada del PJ Débora Juárez de Bracamonte apuntó contra Freddy Morales, secretario general de la gobernación y hermano del gobernador, por la falta de transparencia en el manejo de la ayuda social.

 

 

 

  • La provincia tendría alrededor de 110 mil beneficiarios de planes sociales.
  • Según la diputada Bracamonte, los planes se utilizan como método de extorsión para conseguir votos.

La Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales (UCEPPI), oficina encargada del manejo de la ayuda social que liberó el plan de contingencia, prácticamente no brinda información.

Según reconoció en declaraciones públicas el gobernador Gerardo Morales, en la provincia hay aproximadamente 110 mil beneficiarios de planes sociales.

En diciembre de 2018 se llevó adelante una campaña para reempadronar a todas las personas que recibían el beneficio, con el objetivo de “pasar en limpio” la información y eliminar vicios y posibles desvíos de la política a partir del uso clientelar. Nunca se supo, sin embargo, cuál fue el resultado de ese reempadronamiento.

Extraoficialmente se afirma que la remuneración asciende a 6 mil pesos.

La “oficina de los planes» se ubica en Avenida Bolivia N° 246, en el barrio Los Huaicos. Su titular es Walter Peralta.

En este sentido, la diputada justicialista Débora Juárez de Bracamonte dirigió sus acusaciones hacia los que estarían a cargo de repartir planes a cambio de conseguir más votos para las elecciones. Dijo que están usando los planes sociales de forma indiscriminada como herramienta de presión en esta campaña.

 “El señor Peralta y “Pato” Estrada son los punteros que tiene Freddy Morales para presionar a la gente en la provincia. En el caso de Estrada tiene un frondoso currículum con respecto a malversación de fondos en la repartición pública”, disparó Bracamonte.

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Agregó que estarían demorando los pagos a propósito, anotando planes y distribuyéndolos  para llegar hasta el día de las elecciones y plantar la expectativa y la esperanza de que les van a pagar antes de votar. “Les están mintiendo”, recalcó.

“Los planes que existen van a llegar hasta el 9 de junio. Los que tienen para cobrar después de esa fecha, no van a cobrar. Es una vergüenza que, usando el hambre que ellos mismos han generado en cada mesa jujeña, estén ‘apretando’ a la gente”.

La diputada siguió cargando contra esta metodología de captación de votos y agregó que presionan a las cooperativas. “Los señores Peralta y Estrada llaman y notifican que si no trabajan para la campaña no van a cobrar las obras que hicieron ni los planes que tienen”.

El manejo de la ayuda social se convierte así en otro dato objetivo de la realidad que derriba el slogan de la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto, que pregonó el líder del radicalismo en Jujuy para diferenciarse de sus antecesores peronistas, pero que repite sin solución de continuidad.