El Gobierno presentó un nuevo escrito por el juicio de YPF tratado en Nueva York

El Estado argentino le pidió a la jueza designada en Nueva York que se rechace un pedido de juicio sumario.

 

 

Mediante sus representantes legales, el Gobierno presentó un nuevo escrito ante la Justicia de Nueva York, Estados Unidos, por la causa que trata la expropiación de YPF. En el mismo se reclama que sea rechazado el pedido de juicio sumario elevado por el fondo buitre Burford, argumentando que Petersen no tiene lugar para realizar ese reclamo.

Maura Barry Grinalds, del estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, fue la encargada de enviarle el texto, en nombre del Estado argentino, a Loretta Preska, jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York. Este escrito fue elaborado en consecuencia a un pedido presentado por el demandante, que solicitó una resolución final del caso sin que se celebre el juicio en su totalidad.

 

 

 

Estas maniobras, tanto del fondo de inversión Burford como del Gobierno nacional, se llevaron a cabo para ampliar los argumentos expuestos hace 10 días y sirvieron como antesala de la audiencia que está pautada para la próxima semana, por la mañana del jueves 11. Cabe recordar que los demandantes exigieron, en modo de resarcimiento, tres mil millones de dólares.

“Dada la naturaleza impropia de estos acuerdos, son nulos ab initio, Petersen no está en posición de hacer una demanda”, sostuvo el Gobierno, que agregó que “va a demostrar” que el acusador había entrado a la compañía petrolera mediante un proceso inusual. En este, según detalló, había prometido pagar su parte adeudada con los dividendos futuros de YPF.

 

 

Al mismo tiempo, y pese a que la Corte Suprema estadounidense ya lo rechazara en una oportunidad, Argentina reiteró tratar el juicio en los tribunales de nuestro país ya que el país norteamericano “carece de jurisdicción” para entender la demanda de Petersen Energía Inversora. “Se basan en el estatuto de YPF, una sociedad argentina regida por la ley argentina”, sostuvieron los representantes.

A raíz de esto, los representantes legales del Estado nacional aseguraron que, si la causa no continúa en nuestro país, reclamarán un proceso de “discovery”. Mediante este mecanismo judicial se permitiría abrir la investigación a todo el camino financiero previo de la compañía contrincante, obteniendo información que permita el descubrimiento de nuevas pruebas.

 

 

El litigio es consecuencia de la reestatización de YPF en 2012, bajo la administración de Cristina Kirchner. La demanda acusa a Argentina de expropiar el 51% de la empresa en violación de un estatuto de la compañía que requiere que cualquier oferta de adquisición sea acompañada por una oferta pública. A partir de esto, el fondo buitre Burford, que tomó el caso tras la quiebra de la firma de la familia Eskenazi, pide una millonaria suma como resarcimiento.