El organismo creado para controlar a funcionarios del estado, a cargo de un radical

 

 

 

Cuando se creó la Oficina Anticorrupción (OA) en la provincia, automáticamente fue nombrado Joaquín Millón Quintana, quien por ese entonces, vivía en Buenos Aires, pues allí ejercía un cargo desde 2009 en la Auditoría General de la Nación, a cargo del otro radical, Alejandro Nieva.

Su nombramiento debía ser refrendado por los legisladores provinciales, quienes debían analizar si Millón cumplía con lo establecido en la ley para su nombramiento. Como el oficialismo tenía para ese entonces la mayoría de las bancas, Millón accedió al cargo de Fiscal General de la OA. El nuevo fiscal, proveniente de una familia aristocrática de Jujuy y con lazos con la UCR, incumplía con el requisito de residencia de 10 años en la provincia. Pero este no fue el único incumplimiento.

En la ley de creación de la OA también se establecía que quien accediera al puesto de fiscal, debía tener el título de abogado/a o contador/a y haber ejercido la profesión por al menos 8 años. cosa que Millón tampoco cumplía.

Si bien si tenía su título de abogado, nunca había ejercido la profesión en la provincia y no tenía la matrícula habilitante otorgada por el Colegio de Abogados. Fue durante el inicio de la causa conocida como “Pibes Villeros”, en el año 2018, es decir, dos después desde que asumió, que se conoció esta irregularidad.

Por aquel entonces, la causa, en la que se imputaba a Milagro Sala, a su esposo Raúl Noro y, a la ahora diputada oficialista Mabel Balconte, de formar parte de una asociación ilícita. Fue el abogado de Alberto “Beto” Cardozo, Juan Cabezas, quien durante el transcurso de la audiencia preliminar, denunció que Millón ejercía su cargo de manera “ilegal” por no cumplir con 2 de los 3 requisitos impuestos en la ley de creación de la OA: además de haber vivido los últimos 10 años en la provincia, haber ejercido 8 años la profesión.

Se pudo saber así, que Millón había pedido 48 horas de iniciarse las audiencias, la matrícula habilitante en el Colegio de Abogados de la provincia. Esta situación derivó en que la diputada del PJ, Alejandra Cejas, pidiera al fiscal, que presentara los papeles para corroborar su residencia y la matrícula habilitante, documentos que debía haber presentado apenas lo nombró Gerardo Morales. La diputada, en su momento, resaltó que esos papeles para corroborar el cumplimiento con los dos requisitos no estaban disponibles.

La denuncia realizada por el abogado de Cardozo fue uno de los puntos que casi hace caer la causa “Pibes Villeros”, por la que luego Milagro Sala fuera condenada a 13 años.

En esa causa, muy controvertida, finalmente fue la diputada Mabel Balconte, quien terminó por “develar” el modus operandi de la organización Tupac Amaru, para quedarse con dinero del Estado. La diputada, en medio del proceso judicial, según se dio a conocer en varios medios de comunicación provinciales, tuvo un intento de suicidio, aunque luego, ella misma los negara.

Lo raro de la declaración de Balconte, es que de alguna manera, reconoció haber sido parte de esta asociación ilícita, por lo cual fue condenada a 8 años de prisión, más inhabilitación absoluta, pero, sigue ejerciendo su rol de diputada, aunque ahora forma parte del oficialismo.

Así, la Oficina Anticorrupción, quien fuera parte querellante de la causa “Pibes Villeros”, no cumple con su principal función, la de velar que no ocurran actos de corrupción por parte de los funcionarios de cualquiera de los 3 poderes, judicial, legislativo o ejecutivo.

Con una diputada condenada por corrupción y con un desafuero que nunca se debatió en la Legislatura, la Oficina Anticorrupción, a cargo de Joaquín Millón Quintana brilla por su ausencia, y su inoperancia para asegurar la principal función del organismo: la de generar transparencia en la gestión pública.

Mientras tanto los políicos que presentan Declaraciones Juradas donde sostienen no poseer casas ni autos, como el Gobernador Gerardo Morales y su hermano Walter, presidente del Banco de Desarrollo de Jujuy, siguen sin ser supervisados o al menos controlados,mientras presentan declaraciones del todo increíbles.

Habrá que esperar hasta el 5 de agosto cuando vence el plazo para la presentación de Declaraciones Juradas de 2018 , que muchos incumplieron, y de no hacerlo, se les deberá quitar el 20 % de su sueldo, tal cual marca la normativa de esa Oficina.