La Justicia brasileña los investiga por la sospecha de haber acelerado la debacle ecológica en el Amazonas al quemar campos en Pará el día 10.

 

 

 

Unos 70 terratenientes y mineros autónomos de Brasil son investigados por la Justicia por la sospecha de haber acelerado el desastre ecológico en el A mazonas al encender campos cerca de dos ciudades del estado amazónico de Pará para apoyar al presidente Jair Bolsonaro y combatir «la industria de la multa ambiental».

El gobierno de Bolsonaro fue alertado el 7 de agosto de que el 10 de este mes los hacendados iban a realizar un acto denominado «el Día del Fuego», mediante un escrito enviado por el Ministerio Público Federal (fiscalía) a la oficina regional en el estado de Pará, norte, del oficial Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama).

Los documentos fueron presentados por el Ministerio Público Federal al portal GloboRural luego de que el Ibama se negó, por la seguridad de sus empleados, a detener la celebración del «Día del Fuego».

La investigación choca con la primera versión dada por Bolsonaro, cuando acusó a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de haber iniciado el fuego, aunque después, ya con el caso instalado como un escándalo internacional, esbozó que también «hacendados» pudieron haber sido los sospechosos.

Altamira es el municipio más grande de Brasil, es el llamado «lejano oeste brasileño» y no es para nada un santuario natural, sino que el lugar sirvió para la inmigración interna con la central hidroeléctrica de Belo Monte, la tercera mayor del mundo y foco de un escándalo ambiental en los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Su vecina Novo Progresso comparte con Altamira el récord de devastación amazónica. Por ambas pasa la ruta nacional BR 163, que es vigilada por la Policía Caminera Federal, cuyas márgenes fueron incendiadas en el Día del Fuego.

La convocatoria de los «garimpeiros» (buscadores de minerales en áreas prohibidas), hacendados y comerciantes fue convocada por whatsapp y pudo haber sido una acción coordinada en todo el país «en apoyo al presidente y contra las multas del Ibama», dijo el diario regional Folha do Progresso. El procurador de la República Paulo de Tarso Moreira Oliveira afirmó en un comunicado que Altamira tuvo un aumento del 743 por ciento de focos de incendio a partir del 10 de agosto; Novo Progreso, del 300 por ciento.

«Debemos prender fuego»

«Necesitamos mostrarle al presidente que queremos trabajar y la única forma de trabajar es talando y para formar el campo debemos prender fuego», dijo un hacendado al diario Folha do Progresso, una persona que fue convocada a declarar por la Policía Civil (investigaciones) del estado de Pará. «Nosotros -dijo el fiscal Moreira- le avisamos al Ibama y nos informaron que las acciones de fiscalización estaban perjudicadas por la falta de apoyo policial, con grave negligencia del Estado en la protección de la selva amazónica». El Ibama -al igual que el Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE)- fue desmontado en los últimos meses como una promesa de campaña de Bolsonaro para permitir flexibilización en la ley ambiental.

Las multas ambientales en todo Brasil cayeron 29,4 por ciento en lo que va del año, comparado con el mismo período del año pasado.

Incluso Bolsonaro expulsó del Ibama al agente que en 2012, cuando él era un diputado poco conocido, le hizo una multa de diez mil reales (unos 2.500 dólares) por pesca ilegal en una reserva natural de Angra dos Reis, estado de Rio de Janeiro.